Reconoce SAT fuga de datos de contribuyentes

De acuerdo con información publicada en diversos medios, el poco o nulo control que se ejercía con los datos fiscales de los contribuyentes permitió que la información de al menos 40 mil personas estuviera expuesta por más de 10 años. Incluso se encontró que un proveedor tenía un túnel programado a los sistemas del organismo.

La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, reconoció que la situación es delicada, pues la información que tiene el órgano fiscal no sólo consiste en los ingresos que los contribuyente obtienen, sino la información de sus gastos, sus créditos fiscales, sus cuentas bancarias y, más sensible aún, sus datos biométricos, entre otros.

Sin embargo explicó que cuando se trata de acceso a datos biométricos no es lo mismo que el acceso a una clave de acceso, la cual puede ser restablecida o modificada por el usuario.

Los datos biométricos no pueden ser modificados porque la identificación biométrica se encuentra encriptada, por lo que no es sencillo acceder a ellos y utilizarlos, aun cuando una persona los tenga en su poder. Pero señaló que esto no le resta importancia al problema, pues aunque no es algo sencillo de lograr, tampoco es imposible, y esto es un tema delicado.

Aseguró que además de desconectar a los usuarios que no deben tener acceso a la red, se analizan los convenios de intercambio de información y se fortalecen las áreas de tecnologías del SAT.

¿Qué pueden hacer los contribuyentes?

En términos generales, los expertos en informática consideran que ante una filtración de claves de acceso, los contribuyentes deberían cambiar la contraseña cuanto antes.

Sin embargo en el caso de las contraseñas del SAT es altamente complicado hacer este cambio, porque implica ir a las oficinas de la autoridad o solicitar a través del aplicativo SAT ID una contraseña. Los datos personales del contribuyente quedan en total indefensión y al amparo de lo que disponga la autoridad fiscal.

Con información del portal El Contribuyente, SAT y Fiscalía